El Vitral de La Ciencia

EDITORIAL SEPTIEMBRE

LA LUCHA DE VENEZUELA CONTRA LA PANDEMIA DE COVID-19:
UNA HISTORIA DE ÉXITO

Desde el inicio de la pandemia en Venezuela (13 de marzo en 2020), el ejecutivo nacional estableció una serie de medidas de bioseguridad en el país para evitar el descontrol de la expansión de la infección viral, mediante la unidad del pueblo , las fuerzas armadas y los equipos de salud.

Nosotros, una representación de la comunidad científica venezolana, del sector salud y otras áreas del conocimiento, solicitamos un derecho a réplica a la revista Nature que Ud. dirige editorialmente. Dada la desinformación, medias verdades e inexactitudes expresadas en la noticia “The Venezuelan Health-care workers secretaly collecting COVID stats”, del señor Luke Taylor, publicada el 25 del presente mes, y en la noticia “COVID in Venezuela, health trials supressed -the week in infographics”, publicadas dos días después, ambas en el portal de Nature, queremos manifestar la verdad sobre la lucha de Venezuela contra el COVID-19, informar cuáles son los hechos reales y las cifras ciertas aceptadas por todos los organismos internacionales relevantes.

La comunidad científica internacional tiene derecho a obtener un panorama más completo y preciso de la realidad que nuestro país está sufriendo desde 2015, bajo la cruel imposición de una serie de Medidas Coercitivas Unilaterales (MUC) por parte del gobierno de Estados Unidos, lo cual, en el marco de la pandemia COVID-19, ha producido un escenario socioeconómico crítico de consecuencias nefastas para la sociedad venezolana.

Efectivamente, debemos iniciar esta réplica refiriéndonos a la guerra multidimensional y las MCU impuestas contra la República Bolivariana de Venezuela por EE.UU. y sus aliados desde el año 2015, mediante la Ley 113.278 firmada por el ex-presidente Barack Obama en diciembre 2014 (la Ley de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil Venezolana). Esto ha impactado en las dimensiones políticas, sociales, económicas y culturales del país, con consecuencias severas en la vida cotidiana de la población, con énfasis en sectores tales como la educación, la alimentación y la salud (1-3). Este es un hecho que, curiosamente, no menciona la reseña de Taylor en ningún momento. Las MCU, consistentes en sanciones económicas, han tenido repercusiones negativas de gran alcance sobre los derechos humanos de la población en general, afectando en particular a las mujeres y los niños, entre otros grupos, quienes sufren directamente las consecuencias de la denegación del acceso a insumos y medicamentos (4).

El pasado 12 de febrero, la relatora de la ONU, Alena Douhan, ofreció un informe oficial sobre el impacto negativo de las MCU dirigidas contra Venezuela.

Es importante señalar que, el pasado 12 de febrero, la relatora de la ONU, Alena Douhan, ofreció un informe oficial sobre el impacto negativo de las MCU dirigidas contra Venezuela. En el mencionado documento, se considera que el estado de emergencia nacional anunciado por el Gobierno de los Estados Unidos el 8 de marzo de 2015 como fundamento para introducir sanciones contra Venezuela, y repetidamente prorrogado, no se corresponde con los requisitos del art. 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Bajo este contexto y el de la pandemia, el personal de salud en el país ha venido enfrentando serios riesgos para ejercer su profesión, con limitaciones en las condiciones adecuadas y de seguridad.

En la reseña noticiosa de Taylor se menciona a un supuesto médico de cabecera que de forma anónima expresa que “Ante la represión del gobierno y los recursos limitados, los médicos y enfermeras están trabajando silenciosamente con las redes de investigación para informar datos fiables…Cuando se han pronunciado sobre lo que dicen que son condiciones inaceptables, algunas han sido detenidas por las fuerzas gubernamentales”. Dos aspectos queremos aclarar al respecto. El primero consiste en que Venezuela es una república que se rige por una constitución aprobada por referéndum nacional en diciembre 1999, cuyo artículo 2 expresa que el país es “un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”. Durante más de 20 años, el Estado venezolano tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución. Al citar a un médico anónimo que alega que algunos trabajadores de la salud han sido detenidos por las fuerzas gubernamentales, sin ofrecer fuentes primarias para respaldar la denuncia, ni mencionar los nombres, cargos o fechas de la presunta detención de estos trabajadores, se muestra una absoluta falta de seriedad.

En segundo lugar, el mismo médico anónimo expresa que una parte del cuerpo de salud del país está informando clandestinamente de datos “confiables”, relacionados con la pandemia, recolectados por ellos mismos en secreto. Afirman que “es obvio que las cifras de Venezuela no reflejan la realidad, y que el recuento drástico se debe a la falta de pruebas e infraestructura, pero también a un esfuerzo deliberado del gobierno para restarle importancia a la situación de la pandemia”. Es importante destacar que desde los dos primeros casos de COVID-19 en el país (13 de marzo de 2020), el alto gobierno declara el estado de alarma (https://elpais.com/sociedad/2020-03-13/venezuela-confirma-dos-casos-de-coronavirus.html). Inmediatamente tomó algunas medidas como cuarentena preventiva obligatoria a los pasajeros del vuelo de Iberia 6673 de los días 5 y 8 de marzo, origen de los primeros casos, la suspensión de clases a todos los niveles y el uso de mascarillas por parte de pasajeros de transportes como el Metro y trenes. Dos días después, el 15 de marzo, al confirmarse 17 casos positivos en varios estados del país, decidió tomar medidas drásticas, como la denominada cuarentena social colectiva. Estableció una estrategia comunicacional en medios de comunicación nacional, espacios públicos y privados, manteniendo informada a la población venezolana, diariamente y hasta la fecha de hoy, de la estadística de los parámetros epidemiológicos de la pandemia. Se reportan casos positivos, fallecimientos y recuperados por estado cada 24 horas, así como se indican las medidas de bioseguridad que se deben aplicar dentro de la población. Se estableció una estrategia de restricción de la actividad comercial denominada 7+7, en la cual se intercala una semana de flexibilización de la actividad con una semana de restricción de la misma. Todos estos lineamientos provienen del Consejo Científico Presidencial (CCP), el cual fue conformado el mismo día 13 de marzo, y cuyos miembros son científicos de las diferentes áreas del conocimiento, de amplia trayectoria.

Sobre este último aspecto, queremos agregar algunos detalles de sumo interés. El alto gobierno en conjunto con el CCP, ha tomado una serie de acciones para combatir la epidemia desde su inicio: 1) Al momento de acordar, en resolución conjunta el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) y el Ministerio del Poder Popular de Ciencia y Tecnología (MPPCyT), las prioridades a ser investigadas, se hizo público en gaceta oficial un conjunto de siete (7) áreas, entre las cuales resaltan los aportes en la caracterización epidemiológica de COVID-19 en la población venezolana, así como el impacto psicológico, social y cultural de la misma; 2) fue aprobado por el ejecutivo un Fondo Económico para el desarrollo de investigaciones e innovaciones científicas relacionadas con la lucha contra la COVID-19, fondos que se invirtieron en el refuerzo y en la preparación de las respuestas sociales y sanitarias que el país necesitaba para el combate y lucha contra el nuevo coronavirus; 3) según el repositorio del Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (ONCTI), entre enero-2020/junio-2021, se han identificado trescientos nueve (309) documentos escritos por venezolanos/as, de los cuales hay un 71 % recogidos en revistas arbitradas a nivel nacional e internacional, en seis grandes áreas de conocimiento y relacionadas con la COVID-19, precisando que el 61 % de estos textos aporta nuevos conocimientos para la comunidad científica, mediante descubrimientos, recomendaciones y revisión documental (http: //oncti.gob.ve). Es decir, esta pandemia no es una responsabilidad exclusiva del gobierno para su manejo. Es una situación que requiere de los esfuerzos de todos los sectores del país para poder enfrentarla y controlarla; 4) En el ONCTI, se iniciaron ciclos de foros virtuales sobre el conocimiento y medidas preventivas de la pandemia, dictados por expertos en el área y abiertos a toda la población venezolana. Estos importantes indicadores pueden encontrarse en el nuevo portal web del ONCTI (http: //oncti.gob.ve.), creado con el objetivo de divulgar la actividad científica de Venezuela. Es decir, ha habido una política oficial de publicación de los esfuerzos, el trabajo y los logros obtenidos sobre la pandemia por los diversos sectores del país. Es por ello que no logramos entender de la investigación “secreta” que están haciendo estos trabajadores de la salud para obtener “datos confiables” sobre la estadística de la pandemia en el país.

En este sentido, es asombroso, para decir lo menos, que los datos oficiales recolectados de forma sistemática por todo el sistema nacional público de salud no sean confiables, según lo afirmado en el artículo noticioso de Taylor, pero los datos recolectados “secretamente” por parte de miembros de los cuerpos de salud de los hospitales venezolanos sí se consideren fiables. Esto, a pesar de que no explican la metodología usada, excepto que tienen un único criterio para “diagnosticar” al paciente sospechoso: evaluar si tiene una infección respiratoria aguda, lo cual, reconocen los mismos trabajadores en ese artículo, no es un indicador perfecto de COVID-19. Lo peor es que la reseña no ofrece ningún tipo de cifra de la epidemia en el país, restando fuerzas a la misma y a su “trabajo voluntario”. Por otro lado, desde la OMS, los expertos epidemiólogos y gobiernos han reconocido que durante cualquier pandemia es imposible saber el número de casos positivos reales en tiempo real, ya que se desconoce el inicio de la infección, debido al tiempo de latencia de la misma, y existe una gran cantidad de pacientes asintomáticos. En síntesis, es imposible para cualquier país tener los registros completos de infectados a tiempo real.
En otra parte del artículo, denominada The pandemic narrative, Taylor trata dos temas: a) la economía de Venezuela, con respecto a la cual el autor plantea que “se ha derrumbado en la última década debido a la corrupción, la mala gestión financiera y el precio del petróleo, su principal exportación, se desploma”. Sin embargo, no menciona a las MCU que mencionamos al inicio de este documento, las cuales son responsables de primer orden de la situación del país; b) habla sobre la emigración que ha ocurrido en los últimos años en el país, afirmando que “al menos 5,4 millones de personas han huido del país y, de las que quedan, alrededor del 90% vive ahora en la pobreza, según las Naciones Unidas”. Nuevamente, el autor no indica la fuente de la cual toma esas cifras que, pensamos, son exageradas. Sin embargo, independientemente de la cantidad, la emigración y la pobreza tienen una enorme relación con las MCU. Es importante indicar que, de entrada, no ha sido posible unificar o tan siquiera aproximar las diversas cifras de migrantes venezolanos que se suele citar. En 2019, la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) estimaba en 2.519.780 la cantidad de venezolanos que habían salido de su país. Para el mismo período, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) aseguraba que la cantidad de migrantes era de 4.769.498. El margen de error entre las dos cifras es una cantidad de personas superior a la población de Barcelona (Cataluña, España) (5).

Sin embargo, hay una aseveración contradictoria en ese apartado del artículo, cuando algunos epidemiólogos entrevistados por la revista Nature expresan que posiblemente el colapso económico haya frenado la propagación del coronavirus SARS-CoV-2. ¿Hay o no un escenario de una propagación limitada de la pandemia en el país? Estos investigadores afirman que sí, pero dentro de sus razones no están las medidas drásticas y efectivas que tomó el alto gobierno desde el inicio de la pandemia. Son medidas similares a las que algunos gobiernos del mundo han tomado para combatir la pandemia, tales como China, Singapur, Taiwán y Tailandia, con resultados positivos similares. Es por ello que, si se observan las curvas de la tasa de prevalencia de coronavirus en los países latinoamericanos en el mes de abril del 2020 (Our World in Data), ya se puede constatar el aplanamiento de la curva en aquellos países que tomaron las medidas sociales más radicales y rápidas como el distanciamiento social y la contención, como lo recomendó la OMS en su oportunidad. Con esto se evitó un crecimiento exponencial de la expansión viral entre la población, tal como ocurrió con Venezuela. Esa ha sido una de las medidas que logró mantener el relativo control de la pandemia dentro del territorio venezolano. Sin embargo, en países como Colombia y Brasil, sus gobiernos respectivos evitaron tomar rápidamente medidas epidemiológicas drásticas, a pesar de que tuvieron tiempo suficiente, lo que provocó en sus territorios el descontrol de la pandemia. Hasta la fecha de hoy, se sigue viviendo las terribles consecuencias de este descontrol en sus poblaciones respectivas. No entendemos que haya investigadores venezolanos que expresen en el artículo que las cifras del gobierno son imposibles, o un vicepresidente de una ONG estadounidense que exclama los números no tienen sentido. Solo se requiere comprender los procesos básicos epidemiológicos para combatir una pandemia establecido por la OMS.

Finalmente, el artículo de Taylor plantea que una red (ONG) había identificado que seis variantes de coronavirus, incluidas dos, Beta y Gamma, que se clasifican como variantes de preocupación, habían estado circulando en Venezuela, basándose en un artículo publicado en la revista Int J Infect Dis (Patiño y col, 2021). Sin embargo, revisando tal artículo, nos encontramos que los pacientes venezolanos infectados habitan en territorio colombiano (no se precisa el tiempo) y no dan evidencias ciertas de si los mismos fueron infectados por transmisión comunitaria en territorio colombiano o por la migración trasnacional. No obstante, es importante señalar que, ciertamente, Venezuela no cuenta en estos momentos con los suficientes recursos e insumos para hacer una adecuada vigilancia genómica del virus SARS-CoV-2. Sin embargo, hay dos instituciones que están realizando la vigilancia genómica del virus, el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) y el Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), cuyos equipos de investigadores han procesado muestras de diversas regiones del país, obteniendo como resultado la confirmación de la circulación de la variante Delta, especialmente en las zonas limítrofes con Colombia. Estos datos han sido reportados por las autoridades del MPPS a la OMS, y se están preparando las publicaciones en revistas especializadas. Según los planes del MPPS, a corto plazo se va a realizar un promedio de 100 muestras mensuales para su secuenciación por estado, implicando un promedio de 1000 muestras mensuales para todo el país. Posiblemente no se puede comparar esta cantidad de secuenciación epidemiológica con aquellas realizadas en otros países con mayores capacidades económicas, pero es importante señalar que a partir de los datos obtenidos tendremos una idea precisa sobre cómo va la circulación de las variantes del SARS-CoV-2.

Esperamos que los datos y análisis que hemos expresado en esta misiva ayuden a los colegas de la comunidad internacional científica a obtener otra visión de la situación que se vive en el país bajo el contexto descrito. No negamos el deterioro de la situación económica que se vive en Venezuela, no negamos que nuestro sistema de salud requiere de mayores fortalezas. Sin embargo, quedarnos callados ante las afirmaciones sin pruebas del artículo de Luke Taylor, sería un acto desleal a la verdad, a la comunidad científica y a la población venezolana. El país ha vivido bajo una campaña mediática internacional desde hace años, la cual ha tergiversado la realidad con fines políticos. Por la falta de información obtenida con rigor científico, el artículo de Taylor parece formar parte de esa campaña, en la que los investigadores involucrados son reconocidos voceros políticos de la oposición venezolana. No nos sorprende este tipo de campaña, lo que asombra es que la revista científica Nature se haya prestado para ello, sin verificar la veracidad del contenido del artículo mencionado. Confiamos, en honor a la verdad y para ser justos, que el cuerpo editorial de la revista nos otorgue el derecho a réplica solicitado.

REFERENCIAS
1. SURES. 2018. Hernández M y Salazar A. Informe Especial. Medidas coercitivas unilaterales sobre Venezuela y su Impacto sobre los Derechos Humanos. INFORME-MEDIDAS-UNILATERALES-COERCITIVAS.-SURES.pdf
2. Telesur Noticias. 2019. Cronología de las sanciones Unilaterales de EE.UU. contra Venezuela. En Profundidad: Latinoamérica y el Caribe. https://www.telesurtv.net/telesuragenda/cronologia-sanciones-eeuu-venezuela-historia-20190529-0002.html
3. SURES. 2020. Lorena Giménez. Informe Especial. Las medidas coercitivas unilaterales desde la Unión Europea contra la República Bolivariana de Venezuela. informe-especial-las-medidas-coercitivas-unilaterales-desde-la-uniocc81n-europea.pdf (wordpress.com)
4. Douhan, A. 2021. Derechos humanos y medidas coercitivas unilaterales. Media Advisory. United Nations. Human Right Special Procedures. Ministerio del Poder Popular para el Petróleo. Disponible en: http://www.minpet.gob.ve/index.php/es-es/comunicaciones/noticias-comunicaciones/47-noticias-del-ano-2019/1561-derechos-humanos-y-medidas-coercitivas-unilaterales
5. SURES. 2021. Informe Especial: Uso político y mercantilización de la migración venezolana (I) (https://sures.org.ve/migracion/).

Contact Us