Según una investigación periodística realizada por The Bureau of Investigative Journalism y Ojo Público, la gran farmacéutica Pfizer ha condicionado la venta de su vacuna contra SARS-CoV-2 con insólitas exigencias a los Gobiernos de América Latina.
La farmacéutica estadounidense habría pedido eximirse de responsabilidades ante posibles resultados adversos en el uso de los fármacos
Esta publicación revela que Pfizer, la farmacéutica multinacional con sede en EE.UU., impuso condiciones abusivas a Gobiernos de Latinoamérica al momento de negociar millonarias compras de vacunas contra el covid-19.
La investigación afirma que, entre las exigencias de la empresa, se pidió colocar en forma de garantía activos soberanos de países, incluyendo propiedades públicas, como embajadas y bases militares, o reservas de bancos federales. Esto, como forma de resguardo ante eventuales demandas por posibles resultados adversos tras la aplicación de las dosis. Frente a ello, una fuente anónima calificó la postura de Pfizer como una «intimidación de alto nivel».
Caso de Argentina
El Gobierno de Alberto Fernández sostienen que la firma norteamericana se pasó del límite. En junio, empezaron las conversaciones, y el Congreso aprobó una ley especial para que se indemnizara a Pfizer en caso de demandas civiles, a pedido de la contraparte. Igualmente, para la clase política argentina la compañía sí debía ser responsable ante cualquier conflicto por negligencia o malicia, algo que el grupo privado rechazaba. «En lugar de ceder en algunos puntos, Pfizer exigía más y más», le dijo un funcionario argentino al medio ya citado.
Entre los inesperados planteos, la farmacéutica le solicitó al país que contratara un seguro internacional ante eventuales conflictos. Y en diciembre, llegó la condición que terminó resquebrajando la negociación: pidieron que Argentina colocara sus activos en forma de garantía, algo que podía incluir inmuebles estratégicos y fondos del Banco Central. «Era una exigencia extrema que solo había escuchado cuando había que negociar la deuda externa, pero tanto en ese caso, como en este, la rechazamos inmediatamente», comentó un miembro de la administración peronista.
De forma pública, el entonces ministro de Salud, Ginés García González, ya había expresado: «Pfizer se portó mal con Argentina». En efecto, el país sudamericano fue usado como sede para los ensayos clínicos de la vacuna, pero hoy la ciudadanía no puede contar con ese producto para combatir la pandemia por la falta de acuerdo.
No perdonaron a Bolsonaro. Caso Brasil
Según la publicación, un conflicto similar se produjo en las negociaciones entre Pfizer y Brasil. Al ‘Gigante de Sudamérica’ le habrían planteado que, además de disponer de activos soberanos, tendría que depositar dinero en una cuenta bancaria del extranjero para crear otro fondo de garantía. Estos requisitos fueron definidos como «abusivos» por el Ministerio de Salud. Igualmente, el ente regulador brasileño ya aprobó el uso de estas inyecciones a gran escala, aunque la compra está trabada.
«Un Estado no se somete a qué otro Estado pueda decidir sobre la confiscación de su propiedad»
Desde Lima, fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores confirmaron que los planteos de Pfizer fueron distintos a los de otros laboratorios, a pesar del pacto logrado. Por eso, las negociaciones del convenio para adquirir 9,9 millones de dosis —se requieren dos aplicaciones— se extendieron por más de seis meses, en medio de pactos de confidencialidad. Finalmente, el precio se fijó en 12 dólares por cada inyección, es decir, 24 por la vacuna completa.
Perú tendrá cartel (Cartel de Lima) pero la farmacéutica no le dio cuartel en las negociaciones
Situación similar ocurrió en Perú. En las negociaciones, Pfizer solicitó incluir cláusulas que eximen de responsabilidad a la farmacéutica por los eventuales efectos adversos de la vacuna, la demora en la entrega de los lotes, implementar todos las normas legales necesarias para cumplir con las obligaciones al proveedor frente a demandas futuras e indemnizaciones. Las cláusulas fueron consideradas extremas por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, según confirmaron fuentes cercanas a las negociaciones. Las mismas fuentes señalaron que las condiciones de este laboratorio eran diferentes a las de otros desarrolladores de vacuna.
«Las compañías farmacéuticas no deberían usar su poder para limitar las vacunas salvadoras en países de ingresos bajos y medios», dijo el profesor Lawrence Gostin, director del Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud en Derecho de Salud Nacional y Global, «[Este] parece ser exactamente lo que están haciendo».
La protección contra la responsabilidad no debe usarse como «la espada de Damocles colgando sobre las cabezas de países desesperados con una población desesperada», agregó.
«Las farmacéuticas no deberían usar su poder para limitar las vacunas en países de ingresos bajos»,dijo Lawrencen Gostin.
Pfizer ha estado en conversaciones con más de 100 países y organizaciones supranacionales, y tiene acuerdos de suministro con nueve países de América Latina y el Caribe: Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, México, Panamá, Perú y Uruguay. Sin embargo, se desconocen los términos de esos acuerdos.
Con este marco, son varios los políticos latinoamericanos que se quejan por una presunta mala fe de la compañía para negociar con países no desarrollados. Consultado para esta investigación, Pfizer manifestó: «A nivel mundial, también hemos asignado dosis a países de ingresos bajos y medianos bajos a un precio sin fines de lucro, lo que incluye un acuerdo de compra anticipada con Covax para suministrar hasta 40 millones de dosis en 2021».